El viernes 24 de mayo una decena de policías cerró el paso de la calle Pedro Ramírez del Castillo en el barrio de San Pedro mientras maquinaria de la alcaldía destruía la casa de una vecina. Esta es la historia detrás del despojo
31 mayo, 2024 |Texto y Fotos: Arturo Contreras Camero| Pie de Página |CIUDAD DE MÉXICO.- “¿Quién les dio autorización de entrar? ¡Ustedes no podían haber entrado!”, reclama la señora Maciel Ibarra Ramírez a una policía que, a centímetros de su casa, le impide el paso. En el fondo se escucha una máquina de construcción demoliendo las paredes de lo que era su sala-comedor, como se ve en un video que la misma Maciel pudo grabar.
Maciel sabía que desde hace décadas algunos feligreses de la capilla de San Pedro Apóstol buscaban hacerse de un pequeño terreno, parte de su casa, que ha estado en propiedad de su familia desde hace cuatro generaciones, según consta en escrituras y en el Registro Público de la Propiedad.
A pesar de que la Alcaldía no presentó ninguna orden jurídica para desalojar a Maciel, elementos de la Policía taparon con bolsas las cámaras de seguridad. Allanaron su casa. Después, empezaron a derribar la cerca, su zaguán y un cuarto de unos 40 metros cuadrados en donde tenía la sala y la cocina.
Un pleito viejo
A pesar de que Maciel asegura que su propiedad y sus colindancias están respaldadas en sus escrituras y en registros públicos, sus vecinos, especialmente la comunidad de la iglesia, asegura que no era así. Dicen que la familia de Maciel se fue apropiando del jardín de la Iglesia.
El pleito fue tal, que en 2019, por la presión de sus vecinos y de la Alcaldía que empezaba a ceder a sus demandas, Maciel tuvo que tramitar un amparo.
“El amparo se resolvió (a finales de 2022) no a mi favor, pero tampoco de la Alcaldía”, comenta.
“Quedó que debía de hacerse un juicio de carácter civil en el que se tiene que resolver el asunto, pero ese juicio no ha avanzado”.
Después, Maciel tramitó un segundo amparo, que no procedió y la remitió al mismo juicio civil que debió de haberse dirimido antes de que la Alcaldía derribara su casa. Maciel asegura que uno de los abogados que la han acompañado mandó a hacer un peritaje histórico para determinar la propiedad del inmueble y sus colindancias.
El juicio seguía abierto.
Un desalojo sin orden
“Sí hay una orden, señorita, pero no la traemos”, contesta con una amabilidad poco creíble la policía que impide el paso de Maciel, mientras sus muebles y electrodomésticos son apiñados por algunos vecinos voraces.
“Pero hay una orden federal por la que no se puede entrar y que detiene cualquier acción sobre el predio”, revira Maciel
“Bueno, eso lo tendría que ver con el licenciado, tendría que pasar al área de Jurídico y Gobierno”, contrasta la policía. “Usted debería esperar a que su caso pase a la instancia correspondiente”, sentencia la policía mientras un bulldozer derriba lo que queda de la pared de la sala de Maciel.
El licenciado es Francisco Pastrana Basurto, director del general de asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía durante el gobierno de José Carlos Acosta, a quien, como ha documentado Pie de Página, otros vecinos acusan de hacer desalojos y derribos similares en otras colonias de Xochimilco.
El mismo Francisco Pastrana se encontraba frente a la casa de Maciel mientras era demolida. Al verlo, la señora le gritó: ¡Licenciado Pastrana!, pero el funcionario pareció no haber escuchado y caminó lejos, resguardándose de la vista detrás de un grupo de vecinas, según cuenta la misma Maciel.
Antes de irse, los trabajadores de la Alcaldía repartieron entre los vecinos una copia del primer amparo, el que no resolvía a favor ni de Maciel ni de la autoridad. Según dice la afectada, hicieron esto para crear la idea de que la propiedad del terreno en cuestión ya había sido juzgada, que se había decidido en favor de la Capilla y por tanto, era sujeto de lo que la Alcaldía llamó una “recuperación”.
Me quitaron la mitad de mi casa
Maciel no es afín a Morena, lo dice sin tapujos, y a pesar de que le han explicado que las noticias falsas que promueven la idea de que Morena quiere abolir la propiedad privada, con lo que le pasó, no sabe qué creer.
“Ese mismo viernes fueron a arrancar la tubería, me dejaron sin agua en el pedazo de casa que me dejaron. No me puedo bañar, no puedo trapear ni lavar la ropa, no puedo vivir”, lamenta.
Ella asegura que un par de vecinos, miembros del patronato de la Iglesia, o con conexiones en la Alcaldía, son los que operaron para lograr la recuperación que se llevó la mitad del terreno de su casa.
“Todos ellos son de la comunidad y me han estado hostigando, me han estado importunando para ceder mi jardín y pues es hasta ahora que ya lo tomaron”, lamenta.
